Aprobada la ley Europea de Derechos del Consumidor

La nueva Directiva Europea sobre Derechos de los Consumidores que el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por mayoría absoluta (615 votos a favor, 16 en contra y 21 abstenciones) armoniza los derechos de los consumidores en cuanto a información, condiciones de entrega, periodos de reflexión, reembolsos, reparaciones y garantías en sus compras por Internet. Además, reduce los trámites administrativos que suelen disuadir a las pequeñas y medianas empresas de vender en otros países, contribuyendo al crecimiento del e-commerce en el territorio comunitario. Ciertamente, el comercio online nacional ha aumentado enormemente en la UE los últimos años, pero no así el transfronterizo, hecho que las autoridades comunitarias han achacado a la disparidad de normas.

Uno de los caballos de batalla de la negociación ha sido la regulación de las devoluciones de las compras. Hace unas semanas, la Comisión Europea levantó chispas entre las empresas de comercio electrónico al plantear que los vendedores deberían hacerse cargo de los gastos de devolución en compras de más de 40 euros, cuyo coste estimaban éstos en más de 10.000 millones anuales (un 4% del negocio). Finalmente esta parte ha sido rechazada.

La nueva Directiva introduce un plazo de 14 días para devolver cualquier producto comprado a distancia, frente a los siete días de la normativa actual. Durante este periodo, el consumidor puede cambiar de opinión y devolver el producto sin dar explicaciones ni ser penalizado. Además, se fija un máximo de 30 días desde la compra hasta la entrega. Si no se respeta este plazo, el consumidor tendrá derecho a cancelar la compra.

Los productos digitales –como música, películas o programas informáticos –estarán excluidos de devolución, ya que en estos supuestos la venta se considera cerrada desde el momento en que comienza la descarga o se rompe el precinto del producto.

La normativa abarca todas las ventas, ya sean a distancia, puerta a puerta o en el establecimiento de venta, pero afecta especialmente al comercio electrónico. Se prevé que el Consejo le dé su visto bueno formal en julio. Los Estados miembros tendrán dos años de plazo para transponerla a sus legislaciones nacionales.