La nueva normativa europea sobre protección de datos que ha presentado la comisaria de Justicia, Viviane Reding, es “una buena noticia para las empresas en Europa”. Esta es la valoración de Interoute ante la nueva legislación, que prevé la armonización de las normas de protección de datos en la Red en los 27 países y multas millonarias para las empresas que vulneren el derecho a la privacidad.
Así, se dictará cómo las compañías deben manejar la información personal de sus empleados y de sus clientes, enfrentándose a sanciones de hasta el 2% de sus ventas quienes las incumplan.
El gerente de servicios de Seguridad de Interoute, Jeff Finch, explica: “Las nuevas reglas de privacidad de la UE son una clara señal de que las verdaderas consecuencias del robo de datos se han hecho sentir. Para los ciudadanos, las consecuencias del robo de sus datos personales y su posible uso para fines maliciosos es más que preocupante. Sin embargo, los incidentes en las organizaciones que manejan grandes cantidades de datos personales sin utilizar para ello sistemas y políticas necesarios para proteger de tal información han sido recurrentes en nuestra vida cotidiana”. Por ello considera que “es responsabilidad de las organizaciones encontrar una solución que pueda proteger a los ciudadanos de posibles ataques directos y de fugas de información”.
Por otro lado, el directivo de Interoute aplaude la armonización que se plantea para las normas de protección de datos en los 27 países. “Cotejar las normas armonizadas de protección de datos en 27 países, sin duda, ayudará a las organizaciones a evitar más de un quebradero de cabeza”, señala.
“Armonizar diferentes leyes nacionales de protección de datos se ha sentido como una gran tarea de consolidación en organizaciones que en este aspecto funcionaban como mosaicos, especialmente ahora que Cloud Computing establece ciertos interrogantes sobre la ubicación exacta de los datos y la normativa que debe aplicarse en cada caso. El siguiente paso es buscar la armonización con otros países como EE.UU., donde la normativa legal vigente permite a las autoridades pedir datos personales tales como el teléfono, e-mail y registros financieros sin una orden judicial. Por lo tanto, entender donde residen los datos y quién es el propietario del data center seguirá siendo una parte crucial de la gobernanza corporativa de las organizaciones”, señala.