En el escenario actual de reducción de la inversión y control del gasto, las Administraciones Públicas se enfrentan a la necesidad de hacer más con menos. Por un lado, sus partidas de inversión son más reducidas y tienen además directrices de tratar de reducir al máximo los gastos; por otro, los ciudadanos demandan cada vez más y mejores servicios (e-Administración, e-Salud, Educación 2.0,…) en el contexto de desarrollo de la sociedad digital.
Con este telón de fondo y considerando que la e-Administración ya está bastante consolidada en España, la puesta en marcha de iniciativas de cloud computing dentro de los programas de inversión en tecnología de las Administraciones Públicas se perfila como una excelente oportunidad para cumplir con sus nuevas obligaciones, al tiempo que optimizan al máximo el presupuesto. De hecho, algunas administraciones ya han puesto manos a la obra, con la Junta de Castilla-La Mancha como una de las más recientes y cuantiosas incorporaciones a esta tendencia. Antes pusieron en marcha proyectos de cloud y optmización tecnológica entidades tales como la Xunta de Galicia, la Generalitat de Catalunya, Correos, Tráfico, la Agencia Tributaria, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Trabajo e Inmigración o el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas, por citar algunos ejemplos.
El factor esencial a la hora de adoptar un modelo cloud es el correcto diseño del plan de transformación desde el modelo que está utilizando hacia el sistema de despliegue cloud que mejor se adapte a sus necesidades concretas (cloud pública, privada, híbrida o comunitaria).
Para ello hay que analizar las aplicaciones que cada organización utiliza, si presta o no servicios críticos, el tipo de información que maneja, los recursos necesarios, el aprovechamiento de las ventajas de cada modelo o el ahorro que consigue. Además, conviene tener en cuenta los aspectos relacionados con el cumplimiento de requerimientos legales, regulatorios y de protección de los datos, asegurando el cumplimiento de las más estrictas normas de seguridad (BSI, auditoría SAS 70,…) y la eficacia de los sistemas de control interno.
La elección de uno u otro modelo dependerá del uso previsto y del tamaño de la organización. En las nubes privadas, elegidas por las organizaciones de mayor tamaño, el cliente puede intervenir en la infraestructura, definir por contrato los niveles de servicio (SLAs) y disfrutar de todas las ventajas que aporta el modelo de nube. Para organizaciones pequeñas y medianas, las nubes públicas, híbridas o comunitarias suelen ser la opción más habitual, ya que no intervienen en la infraestructura de la nube, aunque pueden garantizarse por contrato los niveles de servicio.
El potencial de ahorro de las tecnologías cloud es enorme en términos de eficiencia económica, de tiempo y de recursos técnicos empleados. Esto explica por qué son cada vez más las organizaciones que deciden replantearse su estructura y optan por la externalización. Y como la tendencia generalizada en cuanto al outsourcing de servicios tecnológicos es ofrecerlos desde unas instalaciones físicas gestionadas a distancia, se requieren soluciones de comunicación consolidadas, que garanticen la operación, mantenimiento y soporte técnico sin que el servicio se vea afectado en ningún momento.